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Los funcionarios de la Unión Europea defendieron las reglas digitales clave después de que la administración Trump tomara medidas contra lo que llamó "una máquina creada para fomentar la censura" e impusiera sanciones, incluida la prohibición de visa para un excomisario de la UE.

La Comisión Europea, en su declaración, indicó que "condena firmemente" la decisión de los EE. UU. y subrayó que la libertad de expresión es "un derecho fundamental en Europa y un valor central compartido con los EE. UU. en el mundo democrático".

Bruselas afirmó que la UE tiene el derecho soberano de regular su mercado digital de acuerdo con sus propios valores y que sus reglas se aplican "de manera justa y sin discriminación".

La Comisión dijo que, si es necesario, responderá rápida y decisivamente a las "medidas injustas" provenientes de los EE. UU. para proteger su autonomía regulatoria.

Las reglas digitales se han convertido en un punto de tensión entre Washington y Bruselas, con ambas partes acusándose mutuamente de politizar lo que deberían ser reglas estándar del mercado para las empresas que operan en la UE.

Mientras tanto, el presidente francés Emmanuel Macron, después de la imposición de la prohibición de visa al excomisario europeo Breton, acusó a Washington de seguir una política de intimidación, diciendo que se trataba de una "presión destinada a socavar la soberanía digital de Europa".

El presidente francés, que ha estado haciendo campaña durante mucho tiempo por la autonomía estratégica, señaló que las reglas digitales que rigen el mercado de la UE deben ser definidas por los europeos y solo por los europeos.

Macron dijo que habló por teléfono con Breton después del anuncio de la prohibición y que le agradeció "por su importante contribución al servicio de Europa".

El presidente francés escribió en una publicación en X: "Nos mantendremos firmes contra la presión y protegeremos a los europeos".

Breton, quien fue comisario del Mercado Interior de Europa durante el mandato de Ursula von der Leyen, jugó un papel clave en la elaboración de la Ley de Servicios Digitales (DSA), que tiene como objetivo hacer responsables a las redes sociales y a las grandes plataformas en línea por el contenido que publican.